Registro nacional de agresores sexuales para proteger a niñas, niños, mujeres y adolescentes: NCR

BOL-02/20

La medida busca que los centros educativos y otras instituciones puedan contar con los medios que les permitan corroborar que el personal que está a cargo de menores de edad no ha sido sentenciado por un delito sexual.

Ciudad de México.- Como respuesta al crecimiento exponencial de la violencia sexual teniendo como principales víctimas a niñas, niños, mujeres y adolescentes, al cierre del Primer Periodo de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legislativo, el senador Noé Castañón, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las cuales plantean la creación del registro nacional de agresores sexuales.

Datos de la Unicef revelan que en México la proporción de mujeres que han sufrido violencia sexual en su ámbito familiar fue del 1.8%, en tanto que, en el ámbito escolar, en mujeres de 15 a 17 años fue de 12.8%. “Tanto en las agresiones de niñas, niños, adolescentes y en contra de las mujeres, se observa alarmantemente que quienes realizan las conductas son las personas cercanas, ocurre en las casas y en las escuelas, por lo que resultaría de suma importancia una herramienta que permita conocer si una persona tiene antecedentes de agresión sexual”, dijo.

En dicho tenor, señaló que la iniciativa tiene como objetivo que se realice el registro de los agresores sexuales de tal forma que, cuando se realicen labores permanentes o personales con menores, la parte interesada requiera la constancia de no antecedentes de agresión sexual en aras de reducir el riesgo que podrían correr las personas o los menores que se encuentren en el entorno.

Por consiguiente, contar con un registro de agresores sexuales permitirá a instituciones educativas, centros de cuidado, guarderías y demás instituciones que tengan bajo su cuidado y responsabilidad a menores de edad, contar con los medios que les permitan corroborar que el personal que está atendiendo a menores no ha sido sentenciado por un delito contra la libertad sexual, expuso.

Argumentó que estas constancias se pueden equiparar a las que se expiden por la Administración Pública Federal, como la constancia de la no inhabilitación de servidores públicos y la constancia de no antecedentes penales. Por otro lado, se plantea un sistema para quienes manejen el sistema de registro nacional, así como los que se encarguen de la emisión de las constancias lo realicen en respeto a la protección de datos personales en aras de no violentar otros derechos.

Refirió que la implementación de registros de agresores sexuales ya es una realidad en países como España, quienes además inhabilitan a agresores para desempeñar actividades relacionadas al cuidado de niñas y niños. “Pongo a consideración la presente iniciativa ante la necesidad latente de contar con un registro de agresores sexuales, que si bien, sea en pleno respeto a los derechos de los procesados y sentenciados, así como a la reinserción social, resulte de la responsabilidad del Estado mexicano velar por el interés superior de la niñez”, concluyó.